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La promulgación de la ley 48/ 2003, sobre el régimen económico de puertos de interés general supuso un importante incremento en los costos de la tenencia de embarcaciones amarradas en estos puertos de este tipo. Debido a ello, los diferentes gestores insistieron en la necesidad de una cierta reducción ya que, si además del margen de explotación que ellos aplican, se debía pagar tasas muy altas a la administración por parte de los usuarios, la consecuencia directa era un fuerte encarecimiento del servicio. Finalmente, parece ser que las reivindicaciones llegaron a buen puerto con la reducción de las tasas los puertos concesionados.

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